Cómo fue la destrucción de la prensa venezolana durante los años de Hugo Chávez
Con el testimonio de 63 periodistas nacionales y extranjeros con ejercicio en Caracas, Marisela Castillo Apitz y Daniel Palacios Ybarra cuentan el cierre o la compra de medios y el ataque y el exilio forzado de decenas de periodistas, en busca de una hegemonía comunicacional del Gobierno
A partir de los relatos de 63 periodistas, locales y extranjeros, en ejercicio en Venezuela, Cuando los medios son noticia recorre la relación de Hugo Chávez con los medios de comunicación desde el primer intento de golpe, fallido, que dio en 1992 hasta su muerte, reelegido presidente del país, en 2013. Es una historia en la cual se repiten las generalidades de la prensa como actor político global, donde los intereses del poder se cruzan de diferentes maneras, y también una singular de cooptación, intimidación, censura, compra y, por fin, destrucción casi total.
«Un líder mediático que no pudo con los periodistas», definió a Chávez una de las entrevistadas por Marisela Castillo Apitz y Daniel Palacios Ybarra. «Con su fallecimiento —siguieron los autores —se acababa un capítulo oscuro de la historia venezolana marcada por represión, censura y falta de libertades. Fue así como en medio de todo este contexto, los periodistas y medios de comunicación fueron noticia y cada vez fue más común leer titulares, reseñas y entrevistas que describían cómo iban siendo víctimas del cerco mediático, exilio, atentados, agresiones físicas y verbales«.
El libro describe algunos de los casos más notorios, como los de Radio Caracas Televisión (RCTV) y Globovisión, 32 radios cerradas y periódicos como El Nacional, además de periodistas como Marta Colomina, Patricia Poleo o Vladimir Villegas. También registra cuestiones colectivas, como que en 2011 se registraron 224 denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión, 16% más que el año anterior, una tendencia constante. En promedio, desde 2002, hubo 201 casos por año.
«Durante todos estos años decenas de periodistas resultaron heridos, otros perdieron sus puestos de trabajo por resistirse a doblegarse y otra parte tuvo que irse al exilio al ser acusados de delitos que no cometieron y hasta sus propiedades fueron arrebatadas», describieron Castillo y Palacios. Recordaron las condenas a tres casi cuatro años de prisión de Francisco Pérez y a dos años y medio de Gustavo Azócar y también las agresiones a corresponsales internacionales como Johanna Álvarez y Cristian Dubó.
Aunque no se adentra en los tiempos de Nicolás Maduro, el libro los expone como «un legado que perdura», y lo sintetiza: «La confrontación, un país polarizado y reducido en la pobreza. Pero sobre todo con la libertad de expresión herida de muerte».
Maduro tardó poco en «perfeccionar su hegemonía comunicacional con la compra de la Cadena Capriles, El Universal, Notitarde y Globovisión, y la neutralización de otros medios que aún sobreviven pero que no son ni la sombra de lo que eran». Un nuevo ecosistema de medios garantiza el predominio de la voz oficial al tiempo que otros como El Nacional, El Siglo, TalCual y RCR sobreviven «sin arrodillarse ante las presiones», aunque muchos de ellos «reducidos a sus páginas web».
«En el régimen de Nicolás Maduro fueron sacadas del aire las señales Todo Noticias, de Argentina; CNN, de Estados Unidos; Caracol Televisión, El Tiempo TV, RCN y NTN24, de Colombia; y [se realizó] el bloqueo al medio digital Infobae, de Argentina», agregaron.
En el prólogo, Víctor Amaya señaló un día clave en la historia de censura y violencia: el 27 de junio de 2001, Día del Periodista en Venezuela, cuando Chávez entregó el premio nacional a la profesión y advirtió: «No hay ningún ámbito que no sea impactado cuando ocurren estos movimientos estructurales de transformación». Pocos días antes había dicho que entre la prensa y el poder habían «un histórico choque de fuerzas». Y en octubre diría que los medios eran «enemigos de la revolución».
El 4 de febrero de 1992, en el fallido intento de derrocar a Carlos Andrés Pérez, se produjo «el primer momento de magnetismo entre Chávez y las cámaras», describieron Castillo y Palacios. Desde entonces, agregaron, los venezolanos han discutido «si fue correcto o no mostrarle al país el rostro del golpista». Según uno de los entrevistados, el dramaturgo Alberto Barrera Tyszka, coautor del libro Hugo Chávez sin uniforme, «la prensa hizo su trabajo». Y también el militar con ambiciones políticas, que «dio el golpe invocando a [Simón] Bolívar […] y dentro de la mitología nacional le dio una legitimidad entre comillas».
Tras reseñar el segundo intento violento de toma del poder, el 27 de noviembre de 1992, el relato pasa a 1998, cuando Chávez ganó las elecciones con 16,53% de ventaja sobre su contrincante, Henrique Salas Röhmer, y sobre todo con el favor de «los medios de comunicación, periodistas, intelectuales y empresarios».
Detallaron los autores: «Gustavo Cisneros, presidente de la junta directiva de la Organización Cisneros; Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional; Jorge Olavarría, historiador y periodista, son algunos de los nombre de la larga lista de medios de comunicación y periodistas que, como Alfredo Peña, José Vicente Rangel y Patricia Poleo, lo apoyaron en sus inicios». A partir de allí la historia cuenta cómo se rompió el hechizo.
Un lugar destacado tiene la salida del director de El Mundo, vespertino de Cadena Capriles. Teodoro Petkoff, quien «le otorgaba al diario un verbo de denuncia que el chavismo no estaba dispuesto a soportar», fundador de TalCual, donde Castillo y Palacios coincidieron en sus carreras. El diario del reconocido periodista de izquierda nació divorciado de Chávez, mientras muchos otros estaban de luna de miel.
Otro momento histórico que se cita en Cuando los medios son noticia son los días del 11 al 13 de abril de 2002, cuando hubo un levantamiento contra el presidente y, mientras la represión caía sobre Caracas, el militar aparecía en cadena nacional de radio y televisión para asegurar que no había dejado el país y que había «normalidad en casi todo el territorio nacional».
José Tortoza, fotógrafo del diario 2001, moría por un disparo en la cabeza mientas el presidente de Televen, Omar Gerardo Camero, decía: «¡Basta, partan esa vaina!». Así la pantalla mostró las dos mitades que componían la realidad. Camero había hablado con los presidentes de RCTV, Marcel Granier, y Alberto Ravell, de Globovisión, que también dividieron sus pantallas. Lo mismo hicieron Venevisión y CMT.
De inmediato, Chávez ordenó el cierre de RCTV, Venevisión y Televen. Pero con las antenas caídas, DirecTV recibió las señales mediante otra tecnología y los mantuvo para sus suscriptores. Los periodistas de Venevisión, que mostraron una balacera y un hospital de campaña, fueron agredidos por defensores del presidente, y debieron refugiarse en casa de «una familia tan dividida como el país». Al día siguiente, cuando se creía en el vacío de poder, Isnardo Bravo, de RCTV, salió de su casa «disfrazado, con bigotes de mentira, gorra, gafas» para preservar su seguridad.
Y entonces el día 13, mientras el chavismo recuperaba el Palacio de Miraflores, el abismo político se agrandó. «Los dueños de los diferentes medios audiovisuales decidieron no informar el regreso de Hugo Chávez», escribieron Castillo y Palacios. «El blackout informativo no tuvo respaldo gremial. Los periodistas, críticos al gobierno de Chávez, no estuvieron de acuerdo con esta decisión«.
Entre los casos de personas, el libro destaca el intento de asesinato de Colomina, con una bomba incendiaria, en su auto, mientras la columnista se dirigía a Televen, donde realizaba su programa La entrevista. Luego se presentó ante la Asamblea Nacional el pedido de revocación de la ciudadanía venezolana de Colomina, nacida en España. Dos años más tarde, en 2005, fue sacada del aire por presiones del gobierno sobre el canal, según ella misma denunció en su última emisión. Luego perdería sus trabajos en Unión Radio y El Universal.
También se cuenta la salida de Poleo, clandestinamente, del país, tras haber sido acusada de la autoría intelectual del asesinato del fiscal Danilo Anderson, quien murió por una bomba en su auto en 2004. Un ex miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, Giovanni Vásquez de Armas, fue el testigo principal de la imputación en 2005, poco después de que la periodista hubiera sufrido un allanamiento. Pero cuando ella ya estaba en el exilio, Vásquez reconoció haber mentido, según su abogado, a cambio de USD 500.000 del gobierno. El padre de la hija de Poleo murió en circunstancias sospechosas, apuñalado en Venezuela.
Los autores se detienen en el caso más emblemático: el doble cierre de RCTV. El 28 de diciembre de 2006 Chávez anunció que no renovaba la «concesión para ese canal golpista». Se abrió entonces un «debate para ponerle un nombre a lo que pasó con RCTV (si era cierre o no renovación de la concesión)», porque las diferencias ante la cuestión se adentraban en el propio Gobierno. A «William Lara, ministro de Comunicación e Información de aquel momento, no le parecía conveniente cerrar el canal», le dijo la reportera Laura Castellanos a los autores.
Mientras la autocensura avanzaba en otros medios —se cita a La Tele— en julio de 2007 RCTV regresó convertido en señal internacional, para televisión por suscripción. Sus coberturas periodísticas y su humor político siguieron irritando a Chávez, que en enero de 2010 cambió las condiciones que debían cumplir las señales extranjeras para transmitir en Venezuela: ampliar la programación internacional y reducir la nacional hasta un 29,9% como máximo. Mientras Alejandro Tastes estaba al aire en El observador, DirecTV y demás empresas de cable «apagaron la señal de RCTV Internacional».
En la competencia de la señal, Venevisión, de la Organización Cisneros, «no se llamaron las cosas por su nombre», según los autores, «por temor a la censura y las represalias». El personal que se manifestó sobre el cierre de RCTV, como la actriz Fabiola Colmenárez, fue despedido.
El periodista Rafael Garrido, que trabajó más de 12 años en el canal, dijo que «desde el Gobierno se giraban órdenes expresas para Venevisión, indicándolo qué debían hacer». Durante la gestión de Carlos Bardasano, vicepresidente del grupo, en el canal, «tenía una lista de personas vinculadas a la oposición a las que se prohibía cubrir«, agregó Garrido, pronto despedido. Otros periodistas, como Marco Antoima y Karla Salcedo, denunciaron «el acoso» y la «política de persecución» de Bardasano.
Acaso el ejemplo más interesante del libro sea el breve «equilibrio en la información» que prometió el Canal I. Conducían su programa de mayor audiencia, Contrapeso, la periodista opositora Idania Chirinos y el chavista Vladimir Villegas, quien había acompañado al presidente desde antes de su asunción.
Villegas «fue uno de los que redactaron la Constitución de 1999 y disfrutó de las altas esferas del poder, ocupando la vicepresidencia de Relaciones Exteriores, la embajada de Venezuela en México y la presidencia de Venezolana de Televisión, principal canal del estado», detallaron los autores. Pero desde la reforma constitucional de 2007 y la reelección indefinida, Villegas se alejó; tras la sanción a su hermano, funcionario, por haber escrito en el diario español El Mundo, denunció «un gulag».
Canal I anunció una «reestructuración», por la cual Contrapeso salió del aire. «El cierre no fue por Idania, fue por mí», dijo el periodista, alejado del chavismo.
El cierre de 32 emisoras de radio y dos de televisión en 2009 ordenado por Diosdado Cabello, por entonces ministro de Obras Públicas y Vivienda; la pérdida de espacios de César Miguel Rondón y Fausto Malavé, entre numerosos otros; los ataques verbales de Chávez a los periodistas; la represión de un grupo de trabajadores de Cadena Capriles; el perjuicio a Globovisión y el intento de una Ley de Delitos Mediáticos, cuyos contenidos se reacomodaron en «la nueva Ley Orgánica de Educación, con la que el gobierno buscaba sacar del aire cualquier programa de televisión o radio en el momento en que lo dispusiera en nombre de la protección de los niños y adolescentes» son otros de los argumentos del libro.
Y la forma en que se ha publicado la obra de Castillo (también directora de la ONG Acción Humanitaria por Venezuela) y Palacios (también profesor de la Universidad Monteávila) habla en sí misma de las condiciones en que se hace periodismo en Venezuela. Se trata de una edición independiente, a cargo de los autores, con distribución en una sola librería (Kalathos, en Caracas), en general disponible por pedido en internet, donde Amazon lo imprime y envía.
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