Cómo trabajan los espías telefónicos: procedimientos, mitos y desafíos de una oficina que se reconvirtió

Fue un proceso largo, complejo, que empezó a principios de 2016 cuando la Corte dispuso a través de una acordada la asunción del nuevo directorio en una oficina cuya dirección, sus procedimientos e incluso sus imágenes dejaron de ser un misterio. A casi tres años de aquel comienzo y un importantísimo esfuerzo mediante, las autoridades de la reconvertida Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco, como le dicen en Comodoro Py) dieron por finalizada una transición durante la cual consideran que lograron avances significativos.

La Dajudeco no es más ni menos que la única dependencia habilitada en la Argentina para hacer escuchas judiciales. Antes de llegar a la órbita del Poder Judicial, pasó por la ex Secretaría de Inteligencia y por la Procuración General, por eso como primera medida para cumplir con los estándares de transparencia y confidencialidad necesarios, se instrumentó un proceso de renovación de todo el personal que hoy presta servicios en el edificio ubicado en Avenida de los Incas 3834. Hoy cuenta con 252 empleados que al ingresar a la planta permanente del Poder Judicial de la Nación firmaron un rigurosísimo convenio laboral.

El incremento porcentual de los procesos realizados en los últimos tres períodos explica cómo se fue aceitando el funcionamiento. Según un informe interno, en 2016 cumplieron 70.613 procedimientos, en 2017 fueron más de 96.000 y en este 2018 la tendencia mensual vaticina que alcanzarán un nuevo récord. A la par se redujo a casi cero la tasa de errores como resultado de continuos controles y procesos de capacitación. La sumatoria arroja trámites mucho más efectivos y rápidos, clave para cualquier investigación judicial.

Una muestra de ello es que a partir de la aplicación de Normas ISO 9001 se logró un promedio de cuatro minutos para la derivación de una escucha directa. En otras palabras, ese es el lapso que se registra desde que ingresa un oficio de un juez solicitando una escucha directa hasta que se realiza la derivación de las líneas intervenidas a un box.

La Dajudeco se anotó en poco tiempo otros logros interesantes: actualizó el edificio y el mobiliario donde se encuentra la oficina, disminuyó un 70% los costos de los insumos, incorporó peritos especializados en la lucha contra la corrupción y firmó varios convenios con el objetivo de federalizar la asistencia judicial.

Javier Leal de Ibarra, camarista federal de Comodoro Rivadavia, presidente de la Junta de titulares de Cámaras Nacionales y Federales, e integrante del directorio que controla la Dajudeco, analizó en diálogo con Infobae cómo fueron los años de transición y cuáles son las asignaturas pendientes para mejorar la colaboración con los magistrados que requieren sus servicios.

—¿Está terminado el proceso de transición?

—Sí, totalmente. Lenta y paulatinamente fuimos mutando personal de la AFI y de la Procuración que volvieron a sus antiguos lugares de trabajo, nadie se quedó en la calle. Y lo reemplazamos por personal contratado del Poder Judicial que pasó por los mismos mecanismos de contratación que cualquier otro funcionario de la Justicia. Además, los ingresantes tienen que suscribir un convenio de confidencialidad que si se viola es castigado por la Ley de Inteligencia. Esto es rigurosísimo.

—Hay muchas creencias sobre el trabajo que realizan en esa oficina: desde que hay un grupo de tareas grabando las 24 horas todas nuestras conversaciones, hasta que se realiza un manejo discrecional de los equipos de captación para espiar a determinadas figuras públicas. ¿Cómo es el procedimiento?

—La única posibilidad de que se intercepte legalmente una comunicación, un mensaje o lo que sea es a través de un pedido formulado por un juez en el marco de una causa judicial. No hay nadie en este país ni en este mundo que pueda requerir en la oficina de Avenida de los Incas una interceptación de comunicaciones sin orden judicial, es imposible.

—¿Cómo continúa el proceso una vez que ustedes reciben la orden del juez?

—Hay varias posibilidades a partir de la característica de la causa que se esté llevando adelante. Por ejemplo, si estoy siguiendo a un grupo de narcotraficantes, no es necesaria la urgencia. El juez va a mandar un oficio a la dependencia en donde va a pedir que se intercepten determinados números.

—¿La solicitud judicial puede incluir nombres de las personas a las que se les deben interceptar las comunicaciones en vez de números telefónicos?

—No, nosotros necesitamos que el juez nos pida concretamente qué números quiere que sean interceptados. A partir de ahí se abren distintas alternativas. El procedimiento tradicional, el más lento, incluye un chequeo de autenticidad del oficio, que se digitaliza y se incorpora al sistema, y de inmediato se requiere a la prestataria telefónica -Telecom, Telefónica, Nextel, Personal, Claro o la que fuera- para que intercepte la comunicación.

—Prácticamente no hay intervención de la oficina en este proceso de captación.

—Quien pone los ganchos, como decía mi abuela, es la prestataria, no nosotros. Se intercepta la comunicación y esos datos se envían directamente a un gran datacenter que decodifica la información sin intervención humana. Luego se envía el material a unas fonolas que lo graban en un CD. Ese CD se empaqueta y se manda al juez.

—¿No hay personal de la oficina que escuche el contenido de esos CD?

En este sistema, no. Luego, salió de la puerta de la oficina y el derrotero de esto no sabemos cuál es, ya no depende de nosotros.

—¿Qué otros sistemas de interceptación utilizan?

—La escucha directa, que es muy importante. Por ejemplo, el juez X está detrás de un secuestro y necesita escuchar ya, prácticamente sin delay, entonces tiene la facultad de ordenar que el trabajo sea realizado por personal de la dependencia, por un funcionario de su juzgado o por un oficial de una fuerza de seguridad que está trabajando en la causa. El proceso incluso puede ser realizado por el propio juez, que ingresa en un locutorio y escucha.

—¿Dónde queda almacenada toda la información que ustedes reciben de las prestatarias?

—En el datacenter queda una copia de todo hasta que el juez ordena su destrucción. Nosotros tenemos que conservarlo porque lo pueden requerir en cualquier momento.

—¿En qué nivel tecnológico se encuentra la oficina si la comparamos con el equipamiento que se utiliza en otros países?

—Necesitamos mucha más tecnología que la que tenemos. Recientemente la Corte incrementó el pedido de fondos y nosotros respaldamos eso porque si bien se hizo una actualización importante en los últimos años, estamos trabajando con equipos muy antiguos en comparación a otros países. Hoy los delincuentes saben que los están escuchando y no son idiotas. No hablan por teléfono ni se mandan mensajes de texto, utilizan medios modernos de comunicación que a nosotros nos cuesta mucho interceptar.

—¿Qué sucede con aplicaciones como Telegram o WhatsApp?

—No tenemos la tecnología necesaria como para interceptar esos mensajes. Los delincuentes ya me escucharon decirlo 10 veces y lo saben. La única forma de acceder a esos diálogos es si te secuestran el teléfono, pero esa ya es otra historia. Esa tecnología que para nosotros es muy importante tenemos que conseguirla.

—¿Existen equipos para hacer ese tipo de captaciones? ¿Se pueden «pinchar» los chats tras el pedido de un juez?

—Sí, hay dos opciones, una más desarrollada que otra, pero prefiero no dar detalles de cómo funcionan.

—¿Cuál es la relación entre la oficina de captación de comunicaciones y la AFI?

—Ninguna, cero. Son organismos totalmente independientes. Lo que puede ocurrir es que la AFI como organismo de inteligencia aporte información en una causa judicial y el magistrado ordene que la escucha directa sea realizada por un agente de inteligencia porque es el que llevó adelante el caso. Si a nosotros la AFI nos llegara a pedir algo, les diríamos que no; ni los escucharíamos porque solo actuamos bajo la orden de un juez.

—¿Se pudo establecer cómo se filtraron los audios de las conversaciones de Cristina Kirchner con Oscar Parrilli?

—Se realizó el mismo procedimiento que relaté antes. Tomamos el pedido del juez, grabamos los CD y entregamos el material. El periodista que publicó los audios aseguró públicamente que no fue esta dependencia la que le entregó el material y el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, tomó esas palabras y lo dejó asentado en el expediente. Además nos hicieron varias auditorías y no encontraron ninguna falla.