En una controvertida movida, Javier Milei aprovechará la Cadena Nacional este miércoles para explicar en detalle los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca desregular la economía en Argentina. Este decreto, conocido como «DNU Omnibus», modificará artículos de cientos de leyes, incluida la regulación de alquileres, y eliminará reglamentaciones consideradas «vetustas».
En medio de la expectación, el gobierno planea publicar este ambicioso decreto en el Boletín Oficial, incluyendo disposiciones que agilizan trámites, reforman el mercado laboral y reestructuran el Estado. Con más de 600 páginas, el DNU busca complementar un paquete de leyes que se enviará al Congreso antes del viernes, con el objetivo de eliminar «trabas» estatales en la economía, reducir el gasto y fomentar la actividad económica, especialmente la creación de empleo de calidad y la protección de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
El economista Federico Sturzenegger, encargado de compilar este conjunto de desregulaciones, ha trabajado en la «aggiornación» de un proyecto elaborado hace dos años. El texto aborda diversas áreas, desde la reforma laboral hasta la regulación del empleo público, pasando por cambios en la ley de Alquileres y reorganización de sectores clave como el Turismo.
Entre los cambios laborales propuestos se incluyen la reducción del período de prueba, la eliminación de multas por registración irregular, penas agravadas por despidos discriminatorios y la participación del Estado en la percepción sindical de cuotas «solidarias». Además, se contempla la aplicación voluntaria de un fondo de cese de actividad similar al de la UOCRA y la justificación del despido ante bloqueos de empresas.
A pesar de la revisión cuidadosa por parte del Ejecutivo para evitar posibles judicializaciones, el abogado laboralista Héctor Recalde anticipa una «ola de amparos», argumentando que la administración actual está intentando restar derechos a los trabajadores, generando preocupación por posibles litigios.
El DNU también busca reformar la estructura del Estado y de las empresas públicas, estableciendo límites en la cantidad de personal y regulando el uso de autos oficiales y otros beneficios para el alto funcionariado.
Finalmente, el decreto tiene como objetivo eliminar trabas burocráticas en la producción y el comercio, así como agilizar la normativa legal para impulsar actividades como el turismo, incluyendo modificaciones en la labor de los agentes de viajes. El país se prepara para un impacto significativo en diversos sectores y un debate acalorado sobre el futuro económico.
