El Gobierno eligió a su candidata para ocupar el juzgado federal que dejó vacante Oyarbide

El Gobierno ya tiene una candidata para ocupar el juzgado que dejó vacante Norberto Oyarbide en los inicios de la gestión de Cambiemos y que desde ese momento es subrogado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Hace algunas semanas, el Consejo de la Magistratura elevó al Gobierno la terna de postulantes, integrada por Agustina Rodríguez, María Eugenia Capuchetti y Juan Tomás Rodríguez Ponte, en ese orden. Ahora la Casa Rosada deberá inclinarse por uno de ellos y enviar el pliego al Senado para su aprobación final.

Según confiaron a Infobae altas fuentes oficiales vinculadas con la mesa judicial que asesora a Mauricio Macri, la candidata del Poder Ejecutivo es Capuchetti, funcionaria del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires -está a cargo de la oficina de enlace con organismos oficiales-. De no mediar imprevistos, su nombre será enviado en las próximas semanas por el jefe de Estado a la Cámara alta.

Esta semana vencen las presentaciones de impugnaciones y avales. Según las fuentes, la intención del Gobierno es apurar la aprobación para este año.

Capuchetti, que trabajó durante dos décadas como secretaria de juzgado en los tribunales federales de Comodoro Py, inclinó en las últimas semanas la balanza de la mesa judicial que rodea a Macri, en la que se sientan formalmente el ministro Germán Garavano; José Torello, jefe de Asesores de la Presidencia; Juan Bautista Mahiques, secretario de Justicia y representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura; el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, y el procurador Bernardo Saravia Frías.

A Fabián Rodríguez Simón, alias «Pepín», y a Daniel Angelici no les hace falta sentarse a la mesa para incidir en varias de las decisiones.

El presidente de Boca Juniors, de hecho, dio su voto para que sea Capuchetti la reemplazante de Oyarbide. La funcionaria es hija del jefe de Seguridad de la AFA, un puesto al que llegó hace muchos años.

Hasta hace algunos meses, parte de la mesa judicial de Casa Rosada se dividía entre la mujer y Rodríguez Ponte, director de la oficina de escuchas de la Corte Suprema de Justicia. Ponte llegó a esa oficina tras pasar por el juzgado de Ariel Lijo en los tribunales federales porteños. Los últimos y resonantes chispazos en la relación entre el Gobierno y Ricardo Lorenzetti terminaron de incidir en la postulación. Está de candidato para un juzgado en Lomas de Zamora.

En el caso de Rodríguez, coordinadora de la Unidad Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), del Ministerio Pública Fiscal, sus posibilidades fueron nulas desde un comienzo, a pesar de quedar primera en la terna. Es que la mesa judicial del Gobierno la vincula a la agrupación Justicia Legítima y, en su momento, a Alejandra Gils Carbó. En el entorno de Rodríguez rechazan la vinculación.

Oyarbide, que desde agosto quedó envuelto en la causa denominada de «los cuadernos de las coimas K», renunció al juzgado Criminal y Correccional Federal 5 de la ciudad de Buenos Aires en abril del 2016, después de 21 años de ocupar ese despacho en el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py, el edificio en el que se dirimen, entre otros, los delitos cometidos por los funcionarios públicos. La subrogancia de Martínez De Giorgi -uno de los jueces que rankea bien en la Casa Rosada-, dispuesta por la Cámara Federal, tuvo el visto bueno del Gobierno, según pudo saber este medio de fuentes judiciales.

Después de la renuncia, Elisa Carrió aseguró que había sido un pacto para que el ex magistrado evite el juicio político. «Veremos qué hace el Presidente, esto se llama impunidad», escribió en esas horas en su cuenta de Twitter.

En estas semanas, la líder de la Coalición Cívica volvió a cuestionar en duros términos las vinculaciones del Gobierno con la Justicia.

El pliego de Capuchetti deberá tener luz verde del Senado. La Casa Rosada cree que tendría muchísima más suerte que Inés Weinberg de Roca, la candidata a la Procuración propuesta por el jefe de Estado que hasta ahora no pudo reunir consenso en el PJ de la Cámara alta.