En un sorprendente giro de eventos, el Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad (IEES), presidido por Patricia Bullrich, ha sido objeto de escrutinio debido a un aumento masivo en sus ingresos y pagos ilícitos. Según informes recientes, el IEES pasó de tener un ingreso de 741 pesos en 2019 a una cifra asombrosa de 85 millones de pesos en 2022. Se descubrió que una parte de este dinero fue utilizada ilegalmente para financiar la campaña electoral de Bullrich y sus directivos, en lugar de cumplir con su objetivo original de realizar estudios estratégicos de seguridad.
Uno de los hechos más destacados revelados por la investigación es la factura de 1.760.000 pesos por un viaje a Miami, realizado por Bullrich por invitación del Inter American Institute of Democracy, un think tank vinculado al partido Republicano. Durante su participación en el evento, Bullrich aprovechó la ocasión para criticar al kirchnerismo, afirmando que era un régimen populista y generador de pobreza. Estos gastos de la gira y otras actividades proselitistas aparentemente fueron financiados con dinero proveniente del IEES, violando las normas de una asociación sin fines de lucro.
En respuesta a estas revelaciones, el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Martín Soria, ha intervenido el IEES por un período de 180 días hábiles. La contadora Norma Cristóbal ha sido designada para llevar a cabo una «normalización institucional» en la fundación. Además de los desvíos de fondos, se descubrió que el IEES también sirvió como lugar donde un experto informático borró el contenido de los celulares pertenecientes a Gerardo Milman, colaborador cercano de Bullrich, y sus secretarias.
La Inspección General de Justicia (IGJ), encabezada por Ricardo Nissen, fue el organismo responsable de la investigación que llevó a la intervención del IEES. Se encontraron pruebas contundentes que indican un claro desvío de fondos destinados a fines políticos, en lugar de cumplir con el objetivo social autorizado para la fundación.
La defensa por parte de Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se ha basado en afirmar que se trata de una persecución política, sin presentar argumentos que respalden la legalidad de los gastos y pagos millonarios realizados. La resolución emitida por el Ministerio de Justicia menciona los fundamentos de la intervención, destacando la utilización de fondos millonarios para actividades proselitistas, incluyendo servicios de catering, alquiler de salones de eventos, pasajes aéreos y consultorías estratégicas, entre otros.
El escándalo también involucra a Milman, quien recibía pagos mensuales de 357.000 pesos del IEES, además de poseer un automóvil registrado a su nombre por parte de una empresa. Las acusaciones se extienden a facturas falsas utilizadas para desviar dinero, incluso hacia Bullrich y Milman.
El caso adquiere un tono aún más turbio con la revelación de que el IEES también se encargaba de borrar información de los celulares de Milman y sus colaboradoras. El peritaje informático tuvo lugar en la dirección misma de la fundación.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia ha ordenado realizar denuncias tanto en la justicia penal como en la justicia electoral. El IEES se encuentra bajo intervención, con una revisión exhaustiva de sus cuentas por parte de una contadora. Las implicaciones de este escándalo continúan desarrollándose, y la figura de Bullrich se enfrenta a un fuerte cuestionamiento en medio de su campaña política.
