Fue colectivera, la echaron y nadie quería contratarla por ser mujer: ahora la Justicia falló a su favor
En 2010 sufrió un accidente, la despidieron y luego ninguna empresa volvió a contratarla. La Justicia les exigirá a las empresas de transporte que el 30% de su personal sea femenino
El 17 de marzo, Erica Borda se detuvo en la intersección de las avenidas General Paz y San Martín para contemplar los recuerdos. Había sido chofer de colectivos desde 1999 hasta 2010, año en el que un vehículo la embistió a la salida del trabajo, en su moto, rumbo a su casa. «Estuve casi seis meses con licencia porque me costó mucho recuperarme», dijo aquel día a Infobae. También que luego volvió, estuvo tres meses, volvió a deprimirse y la empresa comenzó a presionarla para que regresara al trabajo. Pero no podía. Y entonces la echaron.
«No podía manejar. Tenía miedo de atropellar a alguien y eso era durísimo. Realmente estaba deprimida. A mí no me importaba morirme, pero yo pensaba: ‘Si salgo con el colectivo y me agarra algún bajón y mato a un peatón o a los pasajeros que llevo, no voy a recuperarme nunca más'», explicó Borda, de 47 años, quien vive en Villa Bosch. Ni con una carpeta clínica, en donde debía ver psicólogos y psiquiatras y tomar cierta medicación, logró que respetaran lo que le sucedía.
«Me llamaron un día para decirme que no me querían tener más en el plantel. Yo les dije: ‘Soy madre soltera, tengo cuatro hijos a mi cargo y como chofer no voy a conseguir nada’. Quería seguir trabajando». A los 15 días de aquella reunión se presentó a trabajar y en el control le comunicaron que no iban a darle servicio. Le habían enviado el telegrama de despido.
Fue a la UTA (Unión Tranviarios Automotor), sindicato al cual estaba afiliada. Pidió que le consiguieran trabajo en otra línea e incluso llegó a postularse como personal de limpieza. Su prioridad, por ese entonces, no era manejar: únicamente quería trabajar.
«Decidí retomar el estudio, vi que había una amplia demanda en enfermería y estudié. Fueron tres años de aprendizaje y es el trabajo que actualmente me da de comer», contó Borda, que movió cielo y tierra para regresar al lugar en donde fue feliz. Llegó a la Defensoría General de la Nación (DGN). «Yo estaba denunciando a las otras empresas, no a la que me despidió. Fui a todas las líneas, visité más de 200. Me decían que no estaban contratando gente y al tiempo sí lo hacían, pero todos hombres. ‘No contratamos mujeres’, me dijeron. No podía creer que estaba viviendo esa situación».
Ocho años más tarde la Justicia falló a su favor. Fue en el marco de un amparo individual y colectivo iniciado por Borda, con el patrocinio de la DGN, que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, dictó sentencia «condenando al Estado nacional y a empresas de colectivos del área metropolitana por discriminación contra las mujeres para trabajar como choferes en el transporte público de pasajeros».
«Estoy contenta porque los años pasan y solo puedo ser chofer hasta los 55 años. Aún me quedan algunos. Yo me presenté en 200 líneas y en la Justicia revisaron lo que sucedía en empresas que tienen a más de 2.000 empleados. Allí, donde me dijeron que no contrataban más personal, no había una sola mujer. Se tomaron los ejemplos en donde yo me presenté e incluso una reconoció que yo había ido pero que nunca me llamaron, a pesar de que siguieron tomaron gente», sostuvo Borda a Infobae luego de conocer el fallo.
La solicitud inicial fue evaluada por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien decidió otorgar el patrocinio jurídico y crear un equipo de trabajo (integrado por las áreas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Género de la DGN) para que lleve adelante el reclamo individual de la peticionante.
A los fines de revertir el efecto discriminatorio verificado, se dispuso como medida de acción positiva el establecimiento de un cupo, que fijó en el 30%, «que permita dejar atrás la inicua e intolerable desigualdad producida por la discriminación de género», expresó la sentencia.
Ese mecanismo regirá «hasta tanto las autoridades ejecutivas y legislativas establezcan una reglamentación específica para compensar las ilegítimas desigualdades detectas», a quienes además insta a adoptar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas apropiadas para revertir la discriminación por género.
«Esto no significa que alguna empresa esté obligada a contratarme. Sí que si se abre alguna convocatoria estoy primera en la lista, por haber impulsado este pedido. Es un fallo que no solo me beneficia a mí, sino a todas las mujeres. Si cualquiera reúne los requisitos, debe ser contratada», aclaró Borda.
«Mi ex marido y mi actual pareja son choferes de colectivos. Mi hijo más grande también. Yo estoy dispuesta a volver a trabajar como chofer. Es lo que más quiero. A lo largo de estos años tuve que dar vuelta la página y tuve que seguir con mis cosas para otro lado. Ojalá en poco tiempo pueda estar manejando un colectivo», concluyó.
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