“Dentro de esa demanda hay diferentes montos de ingresos de los grupos familiares que conforman la tradicional pirámide de quiénes pueden acceder y quiénes no”, indicaron desde la comuna.
El Secretario de Hábitat de la Municipalidad de Gualeguaychú, Ricardo Delvecchio, contestó a varios de los interrogantes que se plantearon tras la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, que originó críticas desde el sector inmobiliario.
El funcionario que está al frente de una de las áreas más sensibles del gobierno de Martín Piaggio, y que tiene entre sus registros más de 4000 solicitudes de personas que demandan la ayuda estatal para llegar a la casa propia, despejó las dudas sobre cómo se aplicará la ordenanza votada por unanimidad en el cuerpo legislativo de Gualeguaychú.
“Fue un trabajo legislativo de gran nivel”, destacó el funcionario, que desde el inicio de su gestión al frente de la Secretaría comenzó a elaborar ?junto a sus colaboradores, una base estadística que “Gualeguaychú no tenía”.
Aseguró que en la ciudad “tenemos más de 4000 solicitudes para viviendas nuevas y mejoramientos por viviendas precarias, y dentro de esa demanda hay diferentes montos de ingresos de los grupos familiares que conforman la tradicional pirámide de quiénes pueden acceder y quiénes no”.
Fue por toda esta problemática, que se arrastra desde hace varios años, que le gestión Piaggio decidió hacer frente con esta ordenanza que para algunos sectores genera desconfianza y rechazo. Delvecchio que la sobretasa que la ordenanza del banco de tierras específica “ya existe” y que con este proyecto lo que se intenta “ampliar las funciones de lo que era”, como por ejemplo aclarar de dónde van a provenir las tierras que ese banco va a poder transferir a la demanda de la ciudadanía y cuáles van a ser las fuentes de financiamiento.
“Una de las fuentes de financiamiento es lo recaudado de la ordenanza de sobretasa y las tierras que van a engrosar el banco provendrán de los particulares que presenten proyectos de urbanización, en los porcentajes que correspondan”, mencionó, y aclaró que en todos sus puntos “la ordenanza es clara y específica”.
“Las tierras pueden ser destinadas para obras institucionales, viviendas residenciales, para un área verde adicional. Entiendo que la demanda del vecino esté centrada en la necesidad de una vivienda, pero se necesita de una cantidad de una infraestructura adicional, además de la casa, la educación, la salud, la trama vial”, explicó sobre el resto de las cuestiones a tener en cuenta al momento de urbanizar.
Al interrogante de cómo se realizará el acceso a la tierra, Delvecchio indicó que “se puede hacer una subasta pública” e incluso “celebrar un convenio con una institución intermedia, como ser un gremio, cooperativa, colegio de profesionales”. Lo que dejó en claro es que la tierra “no puede valer menos del costo que valió adquirirla” y que a ello hay que sumarle el gasto de la infraestructura”. “La diferencia está en los procesos de financiación y las tasas que se apliquen”, mencionó el responsable del área. “Están todos los resguardos previstos, todo controlado. No habrá decisiones unipersonales, sino que son el resultado de una unidad administrativa”, agregó.
Según especificó, en la transferencia de dominio estará normado quiénes son los que podrán ser beneficiados con estas tierras. En primer término no puede tener otro bien y quien sea beneficiario deberá estar inscripto en el registro que se lleva desde el área, “no puede venir cualquiera a comprar”.
“Las personas que se inscriben en el Registro Único de Necesidad en el Estado Municipal son aquellos cuyos ingresos hoy no les permiten acceder al mercado inmobiliario en los términos de valores que hoy existen. No hay competencia, ni conflicto de intereses. Estas personas aunque quisieran no tienen los recursos para pagar los terrenos en los términos que el mercado hoy los está estableciendo”, señaló Delvecchio, que a su vez aseguró que quienes accedan deberán “tener capacidad de pago”.
“No se está sacando gente, como se ha querido decir, que se le restaría actividades a un sector. El Banco está para atender la demanda que no tiene capacidad de resolución de su situación y como consecuencia de esa imposibilidad entramos en riesgo de que se produzcan desordenes urbanos, como los asentamientos”, aclaró sobre uno de los puntos que más debate originó por el supuesto rol que cumplirá el Municipio.
