La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ha emitido un fallo que respalda el cobro del Aporte Solidario y Extraordinario a personas con alta capacidad contributiva, llevado a cabo por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Este dictamen rechaza un planteo de confiscatoriedad presentado por un empresario que buscaba evitar el pago de este tributo.
Según la determinación de la AFIP, el ciudadano en cuestión deberá pagar un importe de capital de 121 millones de pesos, además de los intereses correspondientes. El contribuyente ya había enfrentado un fallo en contra emitido por un juez de primera instancia el año pasado, y ahora esta decisión ha sido confirmada por la Cámara de Apelaciones.
La Justicia considera que el Aporte Solidario es un tributo que afecta solamente el 3% del capital patrimonial del sujeto y no se basa en sus ingresos, como pretendía el empresario. Además, desestimó el argumento de falta de liquidez, argumentando que se trata de un impuesto transitorio que se paga de manera única.
El fallo respalda la iniciativa del Gobierno nacional de establecer el Aporte Solidario y Extraordinario en respuesta a la emergencia generada por la pandemia de COVID-19. La Justicia no encontró motivos para declararlo confiscatorio o inconstitucional.
En consecuencia, tras esta decisión judicial y el incumplimiento del pago por parte del contribuyente, la AFIP ha determinado de oficio el Aporte Solidario por un importe de capital de 121 millones de pesos, más los intereses correspondientes.
El Aporte Solidario y Extraordinario fue implementado como una medida para ampliar y fortalecer las fuentes de financiamiento genuino del sector público durante la emergencia sanitaria, y su legalidad ha sido confirmada por la Justicia Federal de Córdoba.
