Contratos de tres años, actualizaciones semestrales y nuevas regulaciones en vigor. El gobierno argentino ha promulgado la esperada reforma de la Ley de Alquileres, que introduce cambios significativos en la regulación de los contratos de arrendamiento en el país. Los cambios, aprobados la semana pasada en la Cámara de Diputados, entrarán en vigencia a partir de mañana, según lo establece el decreto 533/2023 publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete Agustín Oscar Rossi, el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, y el ministro de Justicia Martín Soria.
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la extensión de los contratos de alquiler a tres años. La nueva legislación establece que «el contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de tres años».
Además, en lo que respecta a los contratos de alquiler para uso habitacional, se establece que el precio del alquiler debe ser fijado en moneda nacional y por períodos mensuales, prohibiendo la publicación de avisos en dólares.
Otro cambio importante se refiere a la actualización de los precios de alquiler. A partir de ahora, los ajustes podrán realizarse con la periodicidad que acuerden las partes, pero con intervalos no inferiores a seis meses. La fórmula para calcular estos ajustes se basará en un coeficiente determinado por la menor variación entre el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) publicado por el INDEC y el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) publicado por el Banco Central de la República Argentina.
La reforma también incluye beneficios fiscales para los ingresos generados por el alquiler de hasta dos propiedades, eximiéndolos del pago del Monotributo. Además, tanto inquilinos como propietarios podrán deducir un 10% del monto anual del contrato de alquiler en el Impuesto a las Ganancias.
Estas disposiciones entrarán en vigencia el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial y serán aplicables a partir del ejercicio fiscal de 2023 y los siguientes. Con estos cambios, el gobierno argentino busca brindar mayor estabilidad y previsibilidad a los contratos de alquiler y proteger los derechos tanto de inquilinos como de propietarios en un mercado inmobiliario en constante evolución.
